miércoles 24 de enero del 2018
 
Regionales

Amenazas de flexibilización para los contratados de la Fábrica Militar

Afecta a los trabajadores en Fray Luis Beltrán que renuevan su relación laboral. Hacen gestiones por las indemnizaciones de los 35 despedidos.

   
11/01/2018
"Los trabajadores contratados de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán que renovaron sus contratos sufrirán cláusulas de flexibilización", indicó LaCapital, Alberto Labudia, delegado del personal y miembro de la comisión directiva de ATE que junto a los trabajadores participó el martes de la movilización cumplida por las calles de esa ciudad. Los trabajadores han decretado el estado de alerta al trascender la posibilidad de nuevos despidos y el carácter de las nuevas normas de trabajo.
El sindicalista informó que las nuevas medidas "no afectan al personal de planta permanente" pero ratificó la preocupación permanente de los trabajadores por el destino que el gobierno nacional tiene pensado para las fábricas militares de todo el país. "También nos preocupan las especulaciones sobre el destino de los predios de nuestra fábrica y del Batallón de Arsenales".

En efecto, sobre los terrenos de fábrica militar circulan desde hace mucho tiempo rumores referidos a posibles emprendimientos inmobiliarios, en tanto que sobre el Batallón, Labudia indicó: "Sabemos que Ar-Zinc está trabajando para construir un puerto, y como el ex Batallón se encuentra al lado, no descartamos que se vendan esas hectáreas para algún emprendimiento privado". El gremialista agregó al respecto que en el Batallón trabajan también "unos 20 compañeros del personal civil cuyos puestos peligran si se concreta la futura reforma de las fuerzas armadas que estudia el gobierno nacional".

Los gremialistas prevén reducciones de salario, de las horas de trabajo y de las licencias y una cláusula de polifuncionalidad por lo que pueden ser derivados a otras tareas. Según Labudia, el gobierno apuesta a la flexibilización aduciendo ineficiencia pero en el caso de la fábrica de Fray Luis Beltrán, el problema "es la ineficiencia del Estado en la provisión de los insumos".

Labudia informó luego sobre la situación de los 35 trabajadores contratados despedidos y señaló que desde el sindicato se llevan a cabo las gestiones por las indemnizaciones correspondientes por medio de los asesores legales locales y nacionales.

Amenazados

Desde el gremio señalan que en las nuevas cláusulas "queda clara la voluntad de ajuste del Estado, impulsando una profunda flexibilización laboral para la empresa estatal. Entre las nuevas cláusulas, asombra la que fija que el contratado acepta que su jornada laboral y su remuneración sean reducidas en hasta un 50 por ciento cuando a criterio de la empresa se produjera una variación en las necesidades operativas o productivas".

Cabe recordar que aunque el mayor ajuste se produjo en la fabrica de Azul, la empresa dependiente del Ministerio de Defensa achicó su personal en sus cinco plantas y en su sede central. No renovó 354 de los 1.674 contratos que mantenía. En todo el país la empresa quedaría hoy con unos 1.700 agentes entre contratados y estables.

Desde el gobierno, el interventor Luis Riva aseguró que no "hay un plan para desactivar ni vaciar" la empresa.

En declaraciones al matutino La Nación, dijo que "se está planificando para que sea viable". Según manifestó, en 2017 la fábrica de Villa María trabajó al 45 por ciento de su capacidad y la de Azul, al 10. Ambas producen diferentes explosivos, la mayoría hoy para el uso civil en minería.

"Nos dejaron una empresa no viable. De cada peso que se vende, se pierden tres. Es una situación que no se puede cortar abruptamente, por lo que diseñamos un plan a tres años", señaló Riva.
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